En mayo de 1981 se produjo en el corredor Madrid-Valladolid una intoxicación alimentaria masiva que afectó a 25.000 personas matando a 700 personas. Tras unas semanas de investigaciones y de teorías, el aparato gubernamental fijó al culpable: el aceite de colza desnaturalizado. Lo que parecía un alivio pronto se evidenció que era una farsa: la sintomatología de los afectados no correspondía con el supuesto veneno ni se había encontrado nada en el aceite que causara semejante pandemia. Muchos científicos y médicos se percataron de inmediato que la sintomatología correspondía a un producto organotiofosforado, es decir, de los que se usan como insecticida en el campo y lograron curar a muchos pacientes o al menos paliarlos con fármacos al uso. Rápidamente el gobierno inició una campaña de intoxicación (nunca mejor dicho) fulminando a todo aquel que se atreviera a poner en tela de juicio su teoría. Una de las víctimas más sonadas fue el Dr. Muro quien demostró en julio de ese mismo año que el aceite no podía ser.
En 1987 se celebró el macrojuicio contra los industriales del aceite, resultando una sentencia condenatoria que reconocía que no había podido aislarse el agente patógeno pero que no había duda de que estaba en el aceite. Causa perplejidad tal aseveración pues en la única sentencia penal en la historia de nuestro país que se condena a unas personas sin hallar el cuerpo del delito.
En 1988 salieron en la semiclandestinidad dos libros denuncia: PACTO DE SILENCIO de A. Faber-Kaiser y EL MONTAJE DEL SINDROME TOXICO de G. Greunke y J. Heimbrecht (ed. Obelisco).
Que los autores sean alemanes no es casualidad: sostienen que el envenenamiento masivo se produjo al tratar una partida de tomates de Almería con al menos dos productos fitosanitarios de la multinacional BAYER, el Nemacur y Oftanol, seguramente mezclados con otros productos no identificados; han podido determinar incluso en qué campos se cosecharon y su comercialización.
¿Por qué la campaña a favor del aceite? Dos teorías: o fue un ensayo de guerra química o reconocer que fueron los tomates hubiera provocado el hundimiento del campo español. Los autores se inclinan por la primera puesto que relatan conversaciones en sus libros esclarecedoras al nivel de que incluso estrechos colaboradores del entonces ministro de sanidad Ernest Lluch comentaban confidencialmente que asunto pertenecía al Ministerio de Defensa y no al de Sanidad (sic) y que detrás andaban el KGB y la CIA, lo cual enlaza con las sospechas sobre la intervención de la base de Torrejón de Ardoz en todo este asunto, que además le cayó muy cerca, casualidades de la vida.
20, 30 ó 40 años después el secreto sigue y seguirá en firme pues prácticamente nadie quiere conocer la verdad, empezando por las víctimas, las cuales, y es de entender, lo único que querían era cobrar sus indemnizaciones. Con ello, la impunidad sigue para que se siga experimentando con seres humanos en cualquier rincón del mundo.
